El proyecto de ley HB2375 prohibiría una herramienta eficaz contra la pobreza

Los habitantes de Arizona trabajan duro, ya sea ayudando a un padre mayor, cuidando de un bebé recién nacido o fichando en uno o varios trabajos. Pero no todo el trabajo viene acompañado de un sueldo. E incluso en los puestos remunerados, los salarios no han seguido el ritmo de la inflación, los gastos de cuidado infantil y el alquiler por las nubes, lo que ha dejado a muchas personas de nuestro estado con dificultades para llegar a fin de mes.  

Para algunas personas, estos gastos tienen consecuencias que ponen en peligro su seguridad y su estabilidad. Hay que tener en cuenta que las personas mayores son el grupo de edad que crece más rápidamente entre las personas sin hogar, ya que representan casi la mitad de la población sin hogar y se se triplicará para 2030. Por otra parte, los estudios han revelado que casi un tercio de los jóvenes sin hogar han pasado por el sistema de acogida, y el 22 % de los jóvenes en acogida se quedaron sin hogar durante el primer año tras abandonar el sistema de acogida.   

En algunas comunidades se han puesto en marcha medidas políticas, como programas de renta garantizada de duración limitada, con el objetivo específico de apoyar a estas personas mayores y a los jóvenes, así como a otras personas que se enfrentan a obstáculos sistémicos para alcanzar la seguridad económica.  

Los programas de ingresos garantizados (denominados también en este documento «ayuda a los ingresos») ofrecen pagos mensuales de entre 500 y 1000 dólares a personas que se enfrentan a obstáculos sistémicos para alcanzar la seguridad económica, entre ellas madres solteras, mujeres embarazadas, jóvenes en acogida que están dejando el sistema, personas mayores y otras personas en situación de precariedad. Estos programas proporcionan una base sobre la que las personas pueden construir su futuro, así como la flexibilidad necesaria para destinar los recursos donde más se necesitan, ya sea en alimentación, ropa, servicios públicos o alquiler.

Estabilidad y seguridad para las familias   

Las personas que participaron en programas piloto de renta garantizada de duración limitada y recibieron una ayuda económica mensual han mostrado mejoras en muchos indicadores de bienestar económico.   

Entre los resultados concretos se incluyen:  

• Los datos de los programas piloto llevados a cabo en todo el país, en los que han participado más de 7.500 personas, muestran que el 86 % del dinero se destina a pagar alimentos y comestibles, transporte, vivienda, ropa y servicios públicos. 
• Ocho de cada diez madres que participaron en un programa piloto en Misisipi afirmaron que podían pagar sus facturas a tiempo, frente a tres de cada diez antes de que comenzara el programa.   
• Los participantes encontraron empleo a tiempo completo. Los últimos datos de la iniciativa Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED) revelan que los participantes encontraron trabajo a tiempo completo al doble de la tasa de los no participantes. 
• Un mayor número de padres completó la enseñanza secundaria, lo que les abrió las puertas a un mayor potencial de ingresos a lo largo de su vida. Los programas de ingresos garantizados también pueden ayudar a las personas a terminar la universidad o a crear una empresa.  

Es bien sabido que reducir la pobreza entre los padres supone un cambio radical tanto para ellos como para sus hijos. Una investigación recopilada por Chapin Hall, de la Universidad de Chicago, reveló que proporcionar apoyo económico y concreto a las familias contribuye a que los hogares sean más seguros y estables para los niños, lo que, entre otros resultados positivos, ayuda a las familias a evitar o reducir su intervención en el sistema de protección infantil. La pobreza es un factor de riesgo de negligencia que representa alrededor del 92 % de las denuncias de bienestar infantil en Arizona. 

Las investigaciones sobre las ayudas económicas también muestran que pueden conducir a mejores resultados de salud —concretamente en el peso al nacer, el acceso a la alimentación y los resultados físicos y mentales— y las personas que participan en programas de ayuda económica suelen referir una mejora en las relaciones entre padres e hijos. 

 Comunidades más fuertes  

Los programas de ayuda a los ingresos no solo benefician a las personas que se acogen a ellos, sino que también mantienen el flujo de dinero en las economías locales. Las personas que reciben pagos mensuales gastan ese dinero en las tiendas de alimentación, las gasolineras y otros comercios de sus comunidades. Cuando aumenta la demanda, esos negocios pueden crear más puestos de trabajo. 

• Un estudio de la Universidad de Columbia reveló que por cada 1.000 dólares que se destinan a familias con hijos, la sociedad obtiene 5.603 dólares en beneficios, sobre todo gracias al aumento de los ingresos futuros de los niños y a su mejor salud y mayor longevidad.  
• Los investigadores calculan que cada dólar invertido en reducir la pobreza infantil genera un ahorro de 7 dólares en los costes económicos futuros asociados a la pobreza. 
• Los beneficiarios de Vancouver (Canadá) que se encontraban en situación de sinhogarismo pasaron más días en viviendas estables y menos días en refugios y programas, lo que supuso un ahorro de 8.500 dólares por persona.   

Es importante dejar claro que muchas personas inscritas en los programas piloto de renta garantizada trabajan y contribuyen a mantener en marcha nuestras economías locales. Sin embargo, algunas personas siguen teniendo dificultades para encontrar empleos estables y bien remunerados por diversas razones, entre ellas que viven en comunidades rurales o tribales con niveles de desempleo desproporcionadamente altos, carecen de formación profesional o no disponen de un medio de transporte fiable. Además, persisten las desigualdades raciales, de riqueza y de ingresos, que son sistémicas y de larga data.

Amenaza para los líderes locales que aplican soluciones locales 

Los datos muestran claramente que los programas de ingresos en efectivo benefician a las personas y a las comunidades. El proyecto de ley HB2375 prohibiría a los condados, las ciudades y los municipios establecer programas de ingresos garantizados. Crear soluciones locales que funcionen para sus residentes es tarea de los cargos electos locales, y se les debería permitir desempeñar esa labor. En cambio, una campaña nacional para prohibir estos programas ha llevado su iniciativa a Arizona sin tener en cuenta la autoridad ni el deber de los gobiernos locales de atender a sus propias comunidades, incluidos sus residentes más vulnerables. 

Cada comunidad de Arizona tiene su propia cultura, presupuesto y economía, con necesidades específicas y con diferentes empresas, socios filantrópicos y programas comunitarios. Cada comunidad debería tener libertad para decidir si un programa de ingresos en efectivo es una solución eficaz para sus residentes y para la comunidad. Los cargos electos locales no deberían verse limitados por intereses de fuera del estado que desconocen la realidad local y no tienen la obligación de atender a los residentes locales. 

Tal y como están las cosas, no parece que ninguna comunidad local de Arizona esté llevando a cabo un programa de este tipo, pero una buena política debería permitir que las propias comunidades locales decidieran si un programa de ingresos en efectivo es la solución adecuada para ellas y sus residentes. Las ayudas económicas y las inversiones contribuyen a la seguridad, la salud y el bienestar de las personas, así como al dinamismo de las comunidades y las economías locales; prohibir de forma preventiva estas soluciones limitaría de manera irracional las opciones de los responsables políticos.