El requisito de mayoría cualificada para aumentar los ingresos pone en peligro el futuro económico de Arizona
La Constitución de Arizona exige una mayoría cualificada (dos tercios) en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa para aumentar los ingresos mediante subidas de impuestos o para reducir o eliminar desgravaciones, exenciones o deducciones fiscales, incluso cuando se considera que esas ventajas fiscales son ineficaces. Desde que los votantes de Arizona aprobaron este requisito en 1992 mediante la Proposición 108, ha sido prácticamente imposible aumentar los ingresos a través de la Asamblea Legislativa de Arizona. El requisito de la mayoría cualificada supone un obstáculo importante para financiar adecuadamente las escuelas públicas, las universidades y otras prioridades de Arizona que son fundamentales para desarrollar la mano de obra cualificada que el estado necesitará para ser económicamente competitivo en el futuro. El requisito de la mayoría cualificada es especialmente perjudicial para las comunidades de color de Arizona, ya que agrava su infrarrepresentación en la legislatura del estado, lo que merma su poder al dificultar la consecución de sus objetivos políticos.
Desde que los votantes aprobaron la Proposición 108, la Asamblea Legislativa no ha logrado alcanzar el umbral de dos tercios necesario para recaudar ingresos mediante un aumento de impuestos. Por el contrario, las rebajas fiscales —que solo requieren una mayoría simple para ser aprobadas— se han promulgado todos los años, salvo uno, desde 1992, lo que ha reducido los ingresos estatales en más de 5.000 millones de dólares, una vez ajustados a la inflación.
Las iniciativas populares se han convertido en la única forma viable de recaudar ingresos
Dado que las continuas rebajas fiscales impiden cualquier crecimiento significativo de los ingresos, y que el requisito de los dos tercios hace prácticamente imposible recaudar fondos mediante subidas de impuestos aprobadas por la legislatura, los habitantes de Arizona que buscan nuevas inversiones en educación u otras prioridades se ven obligados a recurrir a subidas de impuestos a través de iniciativas ciudadanas sometidas a referéndum. Los detractores de este tipo de iniciativas electorales suelen argumentar que son una mala forma de establecer la política fiscal, ya que no pueden ser enmendadas ni examinadas de la misma manera que los proyectos de ley, que se debaten y analizan a fondo a través del proceso legislativo. Sin embargo, es probable que las iniciativas electorales sigan siendo el método preferido para recaudar ingresos mientras el requisito de los dos tercios siga impidiendo que la legislatura pueda recaudar por sí misma los ingresos necesarios para prioridades importantes.
El requisito de mayoría cualificada reduce el poder de las personas de color
El requisito de una mayoría cualificada de dos tercios en otros estados tiene orígenes racistas. En la época posterior a la Reconstrucción, los terratenientes blancos adinerados de Misisipi exigieron y consiguieron que se incluyera en la Constitución el requisito de una mayoría de tres quintos en ambas cámaras de la legislatura para cualquier aumento de los impuestos estatales, el requisito de este tipo más antiguo que sigue vigente en cualquier estado. Los delegados aprobaron la medida en una convención constitucional estatal en 1890, la misma convención en la que privaron del derecho al voto a casi todos los votantes negros del estado. Refiriéndose a sus compañeros delegados de la convención, el delegado que presentó el requisito de mayoría cualificada declaró: «Todos entendían y deseaban que se desarrollara algún plan que eliminara efectivamente de la esfera política del Estado al negro ignorante y antipatriótico». Aunque se refería al objetivo de la convención de despojar a la población negra del poder político, el requisito de mayoría cualificada agravó aún más las barreras a las que se enfrentaba la población negra para conseguir una financiación adecuada para las escuelas y otros servicios públicos.
Más de una de cada cuatro personas de color en Arizona vive en la pobreza. El requisito de la mayoría cualificada supone un obstáculo perjudicial, ya que bloquea el camino hacia las inversiones públicas necesarias para hacer frente a las consecuencias de las políticas racistas y permitir que las personas de color asciendan en la escala económica.
Es casi imposible revocar las desgravaciones fiscales para grupos de interés
A lo largo de los años, la Asamblea Legislativa ha aprobado exenciones fiscales por valor de miles de millones de dólares en beneficio de intereses particulares, cuya aprobación solo requiere una mayoría simple. Entre estas exenciones se encuentran las exenciones del impuesto sobre las ventas para aviones privados y obras de arte, así como créditos fiscales destinados a financiar becas para colegios religiosos y otros centros privados. Se han concedido tantas exenciones fiscales a las empresas en las últimas dos décadas que el 74 % de las empresas de Arizona pagan 50 dólares o menos en impuestos sobre la renta estatales y los ingresos por el impuesto de sociedades han disminuido un 50 % desde 2008. Sin embargo, si los arizonenses decidieran que alguna de estas exenciones no está generando el rendimiento prometido de la inversión, o que las inversiones públicas reportarían mayores beneficios, se necesitaría una mayoría de dos tercios de los legisladores para derogarlas —algo que no ha ocurrido desde 1992.
El requisito de mayoría cualificada perjudica el futuro económico de Arizona
Para derogar el requisito de mayoría cualificada de la Constitución de Arizona sería necesaria una votación popular, ya sea mediante una iniciativa ciudadana o a través de una propuesta sometida a referéndum por la Asamblea Legislativa. Mientras siga vigente el requisito de mayoría cualificada, es probable que sigamos perdiendo oportunidades de invertir en lo que los arizonenses desean: escuelas públicas más sólidas, matrículas más bajas y ayudas económicas en los centros de formación profesional y las universidades, un mayor número de viviendas asequibles, servicios de guardería de calidad a precios asequibles, y un sistema de transporte e infraestructuras modernos.
