Superar las dificultades en la respuesta a la COVID-19

Arizona debería contar con políticas orientadas a las personas e inversiones públicas que permitan estabilizar los ingresos, evitar la pérdida de puestos de trabajo, satisfacer las necesidades básicas y preservar los recursos estatales. Aunque el Congreso y la Asamblea Legislativa estatal han tomado medidas importantes recientemente, siguen existiendo muchas carencias, y surgirán otras a medida que se agraven las consecuencias económicas.

Pagar a los trabajadores afectados de Arizona

Reducir las desigualdades en el acceso a los permisos médicos y familiares remunerados

El Congreso ha garantizado dos semanas de permiso remunerado a las personas que estén enfermas, en cuarentena o que cuiden de alguien con COVID-19. Los padres también pueden disfrutar de hasta tres meses de permiso remunerado (con un máximo de 200 dólares diarios) durante el cierre de los colegios. Sin embargo, muchas empresas están exentas de estas disposiciones, y muchos cuidadores de personas mayores o con discapacidad no tienen otra opción y deben quedarse en casa. El Congreso debería abordar estas lagunas para garantizar el permiso familiar y médico remunerado a muchos más trabajadores. Y si la medida federal no es suficiente, Arizona debería promulgar un programa estatal de permiso familiar remunerado, como los creados en el estado de Washington y Oregón.

Aumentar la prestación semanal por desempleo en Arizona

Las medidas recientemente aprobadas en materia de seguro de desempleo (UI) han aumentado la cuantía de las prestaciones semanales en 600 dólares, han añadido 13 semanas de prestaciones y han ampliado el derecho a ellas a los empleados que antes no estaban cubiertos por el seguro de desempleo. Sin embargo, se necesitará mucho más para mantener a flote a los habitantes de Arizona más allá de la emergencia sanitaria inmediata. Las solicitudes semanales de desempleo en Arizona se han disparado hasta superar las 80 000 (ocho veces el máximo semanal registrado durante la Gran Recesión). Una vez que termine la crisis sanitaria, el Congreso debería prorrogar la ampliación de las prestaciones si las condiciones económicas lo justifican. Los legisladores de Arizona deberían apoyar a los trabajadores aumentando el importe de las prestaciones estatales (el segundo más bajo de EE. UU.) y reduciendo el umbral salarial para tener derecho a ellas (el más alto de EE. UU.).

Reforzar la red de protección social en Arizona

Aumentar las prestaciones del SNAP

El Gobierno federal ha concedido mayor flexibilidad a los residentes de Arizona para inscribirse en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), así como en el programa de suplementos para mujeres, lactantes y niños (WIC). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió durante la Gran Recesión, el Congreso no ha aumentado las prestaciones del SNAP. Aumentar las prestaciones del SNAP es crucial para ayudar a las familias con dificultades a llevar comida a la mesa y para impulsar el gasto que la economía necesita durante la crisis. Además de aumentar el importe de las prestaciones, las autoridades estatales de Arizona deberían trabajar para eliminar las barreras que impiden inscribirse en el programa y mantener el flujo de prestaciones.

Reponer el Fondo Fiduciario para la Vivienda de Arizona y ampliar la prohibición de desahucios en todo el estado

Aunque el Congreso y el Gobierno del estado de Arizona han movilizado recursos para garantizar la estabilidad de la vivienda durante la crisis, los responsables políticos deben hacer más para abordar el problema de las personas sin hogar y la asequibilidad de la vivienda. Además de los recursos a corto plazo, Arizona debería reponer su Fondo Fiduciario para la Vivienda con el fin de ayudar a los residentes con bajos ingresos y a quienes corren el riesgo de ser desahuciados o se encuentran sin hogar (tal y como ya han propuesto muchos legisladores). Y aunque el gobernador ha suspendido la ejecución de los desahucios, deberían paralizarse otras fases del proceso de desahucio, ya que a los arizonenses les resultará más difícil trabajar, cuidar de sus hijos y mantenerse sanos si no tienen un lugar seguro donde vivir o si viven con la preocupación de perder su vivienda. 

Aumentar la prestación mensual por ingresos familiares de Arizona y ampliar los plazos

Durante la crisis, las familias con bajos ingresos y con hijos menores de edad se verán sometidas a una importante presión económica. El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) de Arizona, aunque se encuentra entre los más restrictivos y limitados, puede proporcionar ayudas económicas o empleo subvencionado a estas familias. Si bien el TANF se reforzó con un fondo de emergencia durante la Gran Recesión, no se ha realizado ninguna inversión de este tipo para la crisis actual. Además de otras medidas de estímulo, el Congreso debería aprobar una ampliación para proporcionar apoyo adicional a estas familias. Arizona, por su parte, debería reasignar su subvención a la ayuda en efectivo, ampliar los requisitos de elegibilidad y mantener la inscripción de las familias.

Financiar la capacidad de atención infantil durante la recuperación

Cuando se relajen las medidas de distanciamiento social y más padres estén listos para volver al trabajo, la falta de acceso a servicios de cuidado infantil (que en Arizona ya contaban con una financiación muy insuficiente incluso antes de la crisis) podría impedir que muchos lo hagan. El Congreso y el gobierno del estado de Arizona deberían actuar para acelerar la reapertura, destinando recursos para que los proveedores de servicios de cuidado infantil puedan sobrevivir a esta crisis económica y no tengan que cerrar definitivamente. Además, deberían aumentarse las ayudas para el cuidado infantil durante la recuperación, de modo que los trabajadores puedan permitirse esta opción al reincorporarse a sus puestos de trabajo.

Atención especial a los habitantes de Arizona que se enfrentan a dificultades sociales y económicas

Proteger a las personas que se encuentran en proceso judicial buscando alternativas al encarcelamiento

Aunque el Congreso aumentó la financiación para mitigar las amenazas a la salud y la seguridad de los reclusos (incluida la publicación de directrices para la puesta en libertad o el confinamiento domiciliario), el plan de acción de Arizona se centra principalmente en restringir las visitas y los desplazamientos de los reclusos. La respuesta del estado debe ir más allá para proteger a la población reclusa, limitando las entradas y acelerando las salidas. Arizona puede limitar las nuevas admisiones buscando alternativas para los delincuentes no violentos o reclasificando los delitos menores. El estado también puede frenar la propagación entre los reclusos actuales liberando inmediatamente a las poblaciones vulnerables (según la definición de los CDC), reduciendo al mínimo el número de casos de libertad condicional y libertad bajo palabra, y eliminando las revocaciones por infracciones técnicas.

Ayudar a todos los prestatarios de préstamos estudiantiles ampliando las medidas de alivio

Aunque el Congreso ha suspendido los pagos de los préstamos con garantía federal hasta finales de septiembre, los legisladores deberían adoptar soluciones equitativas para los estudiantes, independientemente de su situación de pago y del origen del préstamo, incluyendo la condonación, de modo que se beneficien millones de prestatarios con préstamos privados y aquellos que ya tienen dificultades para pagar. El Congreso debe aprobar una ley que ofrezca ayudas específicas a los prestatarios que ya se encuentran en situación de impago o que corren un mayor riesgo de incurrir en ella. Esto podría incluir la mejora de las opciones de pago y la eliminación de comisiones e intereses capitalizados, o la cancelación de una cantidad determinada de la deuda estudiantil.

Reducir las barreras para que los inmigrantes puedan acceder a las ayudas

La asistencia sanitaria y las ayudas económicas durante la crisis deben prestarse independientemente de la situación migratoria o de otras exclusiones. En cambio, millones de trabajadores indocumentados e inmigrantes que pagan impuestos han quedado excluidos de la legislación federal, a pesar de que se enfrentan a unas de las tasas más altas de pérdida de empleo. Para abordar de manera eficaz la crisis de salud pública, las medidas de ayuda federales y estatales deberían ampliar el acceso a Medicaid de emergencia, eliminar los requisitos del número de la Seguridad Social para los cheques de estímulo y renovar los permisos de trabajo automáticos para garantizar que los inmigrantes que esperan la renovación de su permiso no corran el riesgo de perder sus prestaciones.

Invertir en la recuperación de las comunidades indígenas

Aunque las naciones tribales corren un mayor riesgo de contraer la COVID-19 debido a las elevadas tasas de enfermedades crónicas y al acceso desigual a los servicios sanitarios, el Gobierno federal ha tardado en prestar ayuda a las tribus. Si bien los 8 000 millones de dólares de financiación federal asignados a los programas para los nativos americanos aumentarán la capacidad de las tribus para hacer frente a la propagación del virus, la pobreza persistente, los problemas de salud y las condiciones precarias de vivienda y educación seguirán existiendo debido a la falta de financiación a largo plazo. Los gobiernos tribales deberían recibir apoyo económico y social específico para sus miembros, como proyectos de infraestructura que se necesitan con urgencia en las comunidades indígenas para aumentar el empleo y el desarrollo económico.

Dirigir las ayudas y los estímulos a todos los hogares con bajos ingresos

Aunque el Gobierno federal ha tomado varias medidas positivas para apoyar a los trabajadores y las familias, los esfuerzos para evitar dificultades generalizadas en las próximas semanas, meses y años están lejos de completarse. Los requisitos y el proceso para recibir el cheque de estímulo suponen importantes obstáculos para las familias inmigrantes, los niños de hogares con estatus mixto, los dependientes mayores de 17 años y los dependientes de edad avanzada, y exigen que todos los beneficiarios presenten una declaración de la renta para poder optar a la ayuda (independientemente de su capacidad para hacerlo). El Congreso debería hacer un esfuerzo especial para ampliar los requisitos de acceso a las ayudas y facilitar el acceso a quienes se enfrentan a estos obstáculos en la medida de lo posible.

Preservar la salud fiscal de Arizona

Invertir en prioridades centradas en las personas y garantizar los ingresos

Como consecuencia de la crisis, es probable que los ingresos del estado de Arizona se desplomen, quizá incluso más que durante la Gran Recesión. Las decisiones sobre el presupuesto estatal y la política fiscal que se tomen durante la crisis económica determinarán cómo y cuándo se recuperará la economía de Arizona. A diferencia de lo que ocurrió durante la Gran Recesión y sus secuelas, Arizona debe mantener la financiación destinada a las escuelas públicas, los centros de formación profesional, las universidades, la vivienda, el cuidado infantil, la asistencia sanitaria y otras prioridades orientadas a las personas, con el fin de crear una mano de obra más sólida y generar nueva actividad económica. Aunque el Congreso pueda ayudar al estado a prepararse para el déficit, es probable que se necesite mucha más ayuda federal. Los legisladores de Arizona deben responder gestionando adecuadamente los ingresos existentes, deteniendo cualquier nueva rebaja fiscal y generando nuevos ingresos a partir de un código tributario más justo.