Hoja informativa SB1682
En Arizona, solo el 29 % de las empresas pagan más de 50 dólares en impuestos estatales sobre la renta. La mayoría de nosotros pagamos más que eso en nuestra factura mensual de teléfono. Durante más de 30 años, las empresas han recibido miles de millones de dólares en exenciones fiscales en el Capitolio estatal, lo que ha dejado menos ingresos para financiar las escuelas públicas, la asistencia sanitaria y otros servicios esenciales de los que se benefician tanto los arizonenses como nuestra economía. El proyecto de ley SB1682 derogará una de esas enormes exenciones fiscales concedidas a las grandes empresas rentables que operan en Arizona.
Cuando una empresa produce o vende bienes y servicios en más de un estado, cada estado exige que la empresa pague impuestos solo sobre una parte de sus beneficios. El razonamiento es que cada estado debe gravar a la empresa por la parte de los beneficios que le corresponde. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar qué parte de los beneficios de una empresa corresponde a cada estado. Tomemos, por ejemplo, una empresa manufacturera que posee varias fábricas grandes en Arizona y emplea a cientos de trabajadores en esas fábricas, pero vende todo lo que produce fuera de Arizona. Aunque todas las ventas de la empresa que generan sus beneficios puedan tener lugar fuera de Arizona, eso no tiene en cuenta las importantes contribuciones que Arizona hace a los beneficios de esa empresa, incluidos todos los servicios estatales que la empresa recibe. El estado proporciona carreteras y otros servicios de transporte para permitir el acceso a las fábricas por parte de los proveedores y empleados de la empresa, así como para el envío de sus productos a otros estados. Los gobiernos estatal y local proporcionan protección policial y contra incendios para los bienes y los empleados de la empresa. El estado también financia las escuelas públicas de primaria y secundaria y los servicios de educación superior que han formado a la mano de obra cualificada de la que depende la empresa.
Una legislación fiscal justa debería tener en cuenta tanto la proporción de las ventas de una empresa que se realizan en el estado y también la proporción de las operaciones y la nómina de la empresa que se desarrollan en el estado. Pero eso no es lo que hacemos en Arizona. En Arizona, de hecho permitimos que estas grandes empresas elijan el método que se utiliza para determinar cuánto deben: uno que favorece a las empresas con una mayor parte de sus ventas en el estado o uno que favorece a las empresas con una mayor parte de sus activos o operaciones en el estado. Naturalmente, es probable que las empresas elijan la fórmula que les suponga la menor carga fiscal.
El proyecto de ley SB1682 pondrá fin a esa práctica y, en su lugar, calculará lo que deben estas grandes empresas rentables basándose tanto en el volumen de sus ventas como en la magnitud de sus operaciones en Arizona. Es justo que, si estas empresas se benefician de nuestras escuelas y universidades públicas, así como de nuestras carreteras, nuestros servicios de emergencia y muchos otros servicios estatales, paguen la parte que les corresponde, como el resto de nosotros.
